La presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución española de 1978, concretamente, en su artículo 24. De esta forma, aunque estemos imputados en un proceso judicial, todos los españoles somos inocentes hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario.
Esto ocurre con Iñaki Urdangarín y el famoso caso Nóos en el que el yerno del rey Juan Carlos I está imputado por un presunto desvío de fondos públicos en su beneficio a través del instituto que presidía y que da nombre al caso abierto.
La corrupción, tristemente, está 'a la orden del día' en España y diariamente salen a la luz nuevos casos que implican a cargos públicos, políticos y demás. Ahora, la corrupción toca de cerca a la familia real y si bien nuestra Carta Magna reza que 'la persona del rey es inviolable', no ocurre lo mismo con los demás miembros de la institución, pues el artículo 14 de la misma reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley sin que pueda haber discriminación de ningún tipo por razón alguna. Por tanto, debe aclararse cuanto antes, por la tranquilidad de la sociedad española y el poco prestigio que le pueda quedar a nuestro país fuera de las fronteras, qué ha ocurrido realmente y qué responsabilidad tiene Urdangarín en el caso.
Si, finalmente, se prueba que el marido de la infanta Cristina es culpable de las actuaciones que se le imputan, también la Casa Real debería tomar cartas en el asunto y decidir cómo 'castigar' a Urdangarin por haber desprestigiado -más aun- a la Corona en estos tiempos que corren, también difíciles para la institución, que es la máxima representación de la nación española y, por ello, debe regalar a los ciudadanos la mayor de las transparencias para que estos puedan seguir confiando y apoyando una institución tan antigua y arraigada. De lo contrario, será mal para la propia Corona y mal para todos.
